La Policía Bonaerense demoró a un hombre de 42 años, padre de una menor de 14 que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Quinta de Quilmes junto con la Policía Local y el grupo GAD en una casa de Barrio Parque, sita en la calle Avenida de la Plata al 4700 de ese municipio, donde se demoró al padre de una menor, quien aparentemente es la que usaba el celular para llamar al Colegio San Clemente, ubicado en San Mauro entre 390 y 391, de Quilmes.
Los uniformados secuestraron el teléfono celular marca Iphone modelo S5 de color celeste, que se utilizaría para hacer las llamadas intimidatorias.
En una de las comunicaciones al 911 se advierte que «si no evacúan el colegio Jefferson en menos de 5 minutos lo hago volar por el aire, entendieron», según la voz de un hombre al operador de la línea policial.
Ante la gran cantidad de amenazas a escuelas, el gobierno bonaerense dispuso que los directores deberán denunciar a la Policía situaciones de conflicto graves en los establecimientos, que vulneren los derechos de los alumnos o configuren delitos dentro de la institución.
En el caso de amenazas de bomba, esta denuncia «le permitirá a la Dirección de Escuelas actuar como querellante en la investigación judicial que se lleve adelante para detectar los autores de la amenaza», explicó a Télam un vocero de la cartera educativa.
«La Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a las escuelas», según el vocero.
El protocolo establece que al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo del establecimiento que recibió la amenaza «deberán formular de inmediato la denuncia en la aplicación ‘provincia seguridad’, en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía de turno».
Además de formular la denuncia ante la Fiscalía o la Policía «deberán comunicar en forma inmediata al inspector y en el caso de las escuelas de gestión privada, esa comunicación se hará al Inspector Jefe de Región de Gestión Privada», de acuerdo al protocolo.
Luego, el inspector lo informará a la Dirección Legal y Técnica del ministerio, que lo comunicará a la Fiscalìa para que la Dirección de Escuelas pueda «presentar allí su colaboración para resolver el caso».
Con estos pasos la Dirección de Escuelas podrá presentarse como particular damnificado en la investigación, aportar pruebas y, en caso de que el culpable sea un alumno, aplicarle una sanción administrativa.
